En línea con el Pacto Verde Europeo y la
Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España, tenemos el Convenio de
Transición Justa de la Montaña Central Leonesa – La Robla, que se ha puesto en marcha
debido al cierre de explotaciones mineras.
Inicialmente se firmó un protocolo
general de actuación entre el Ministerio para la Transición Ecológica, la
Consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León y la FEMP, para el
desarrollo del proceso participativo. Estos actores se comprometieron a poner
en común cuanta documentación e información dispusieran para el diagnóstico
concreto de las necesidades, facilitando la presencia en las reuniones de
trabajo de otros agentes, concretamente 41, entre empresas, ayuntamientos,
administraciones locales y otras administraciones, asociaciones empresariales,
centros tecnológicos, marcas de calidad agroalimentaria, sindicatos,
organizaciones educativas y de investigación, asociaciones ecologistas, grupos
de desarrollo rural y hasta particulares a título individual, lo que ha
supuesto un total de 147 propuestas de proyectos.
En cuanto a los ODS implicados, este tipo de convenios han supuesto, por una parte, un avance en
la política energética sostenible a la par que contiene medidas favorables para
el clima, y por otra, un impacto en el empleo local y sobre las rentas
salariales locales, por ello los objetivos prioritarios del Convenio se alinean
hacia las metas de los ODS 7, 13 y 8. También tiene impacto en el ODS 9, pues
se persigue dar lugar a nuevos modelos económicos y el desarrollo de tejido
empresarial en la zona.
Respecto del propósito de la
colaboración, ha sido el mantenimiento y creación de actividad y empleo a través
del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población
y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el
contexto socio-económico.
Respondiendo a la segunda pregunta, decir
que la confianza mutua y el compromiso de las partes que forman la alianza,
pueden verse afectados por el cambio de ideología política de los gobiernos que
las presiden o por la resistencia al cambio o las inercias organizativas dentro
de las mismas. Por otra parte, a largo plazo puede estancarse la colaboración
una vez que se pongan en marcha los proyectos seleccionados, pues existe un
protagonismo muy claro de las Administraciones en el impulso de las actuaciones
que forman parte del convenio.
Finalmente, señalar que me ha parecido
útil el establecimiento de un protocolo de colaboración entre las
Administraciones impulsoras, que fijase los objetivos de la alianza y el papel
de las mismas. Por otra parte, me ha parecido
fundamental el proceso participativo de los agentes privados, pues se ha
obtenido un diagnóstico detallado y realista del ámbito en el que hay que
actuar, a la par que ha supuesto una gran fuente de aportaciones viables, no
siendo posible que las Administraciones lleguen a ese nivel por sí solas.
Podéis consultar la información en el siguiente enlace: https://www.transicionjusta.gob.es/Convenios_transicion_justa/procesos_en_marcha-ides-idweb.asp#cyl
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