En este
reto voy a referirme al III PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
DE CASTILLA Y LEÓN 2017 – 2020, que fija como fin último la lucha contra
la pobreza, la desigualdad, el logro de la justicia y la dignidad para todas
las personas, promoviendo el desarrollo sostenible y actuando conjuntamente
contra el cambio climático. Está alineado con los ODS números 1, 2, 6, 10, 13 y
17.
Los
ámbitos geográficos de intervención se centran en 9 países prioritarios
agrupados en distintas macroregiones: Senegal, Tanzania, Mozambique y Burkina
Faso; Guatemala y Nicaragua; Bolivia y Perú e India. Las modalidades de
cooperación son principalmente de carácter económico a través de la cooperación
económica no reembolsable y la cooperación financiera, pero también se
contempla la cooperación de carácter técnico (acciones, programas y proyectos
de educación y formación, de investigación y desarrollo tecnológico, de
intercambio de expertos…)., la ayuda humanitaria mediante la colaboración con
ONGD de Castilla y León, y, finalmente, la educación y sensibilización social
para el desarrollo, destacando la promoción de la educación para el desarrollo
en los ámbitos educativos de la Comunidad Autónoma.
El
papel especifico de la Junta de Castilla y León en el marco de la cooperación
descentralizada, no está limitado al aporte de fondos y al correspondiente
seguimiento económico, sino que busca la contribución que puede ofrecer su
experiencia en la gestión de servicios a la ciudadanía. Parece ser que los
esfuerzos en estos últimos años se han centrado en promover dinámicas de
coordinación y de homogeneización que permiten una construcción en grupo de la
política nacional de cooperación para desarrollo. En esta política, la
administración implementa un planteamiento más horizontal y directo con
instituciones de los países empobrecidos en materia de gobernanza,
fortalecimiento de la sociedad civil, gestión de servicios de cercanía al
ciudadano, etc. Con respecto de los diversos agentes de cooperación la Junta de
Castilla y León colabora con las ONGD, que sirven de mediadores con los beneficiarios
de las intervenciones; fomenta estrategias comunes de actuación con las Universidades
de la Comunidad en la formación y en la investigación para el desarrollo; pone
en marcha proyectos y acciones de desarrollo en régimen de cofinanciación con
empresas y organizaciones empresariales para que aporten su experiencia y
recursos; y organiza y participa en campañas o iniciativas de solidaridad con
las comunidades castellanas y leonesas asentadas en el exterior, así como con
la población de los receptores de la ayuda.
A mi
entender y hablando en términos de circunscripción territorial, el papel que
tiene la Junta de Castilla y León en esta iniciativa es fundamental. Si bien es
cierto que existe ya un impulso en esta materia a nivel nacional e
internacional, sin embargo, a nivel de Comunidad Autónoma, sólo un órgano como
la Junta de Castilla y León podría impulsar actuaciones que inciden en muchos
ámbitos de la vida de las personas y que van destinadas a cubrir sus
necesidades básicas (comida, vivienda, agua, salud). No debemos olvidar que la
Administración Autonómica no solo dispone de medios financieros sino que tiene
amplia experiencia en la gestión de los servicios que atienden a esas
necesidades. Además, posee un amplio margen de actuación en cuanto a buscar
colaboraciones con los diversos agentes que se encuentran en la sociedad, pues
por las competencias que desempeña posee muchos canales de contacto con todos
ellos. A mi modo de ver, sería el principal agente encargado de crear e
impulsar la red que conecta a los diversos agentes implicados, siendo el nexo
de unión de todos ellos y el que vela por la permanencia de esa cooperación,
además de su papel proactivo a nivel técnico. Por ello, opino que no podría
llevarse a cabo en nuestra región una iniciativa así sin el papel de nuestra
Administración.
Podéis
consultar el papel de la Junta de Castilla y León en esta materia en el
siguiente enlace:
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